El Decreto Ejecutivo (DE) 170/1993 (reglamento del Impuesto sobre la renta -ISR-), establece que es obligatoria la expedición de las facturas o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a la transferencia, venta de bienes y prestación de servicios, por parte de todas las personas que requieran licencia comercial o industrial para operar, así como aquellas personas que realicen actividades agropecuarias y agroindustriales. Se exceptúan de esta obligación aquellas personas que sólo requieran permiso de operación o permisos municipales temporales para realizar su actividad.

Aquellas personas que trabajen en profesiones, sea en forma independiente o colegiada, deberán documentar sus ingresos generados por las operaciones o servicios que presten, mediante la expedición de facturas o documentos equivalentes.

El DE 170/1993, también indica que las facturas deben poseer una numeración corrida, el número de registro único de contribuyente (RUC), el dígito verificador, así como el nombre, razón social o nombre del emisor de la factura, la fecha de la operación, la descripción del bien o servicios objeto de la transacción y el precio o importe total.

La factura también deberá detallar, cuando sea el caso, el Impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y prestación de servicios (ITBMS) y cualquier otro impuesto que incida sobre la venta o servicio.

Para el emisor de una factura, la misma juega un papel importante, pues es la forma válida y legal de documentar sus ingresos. Mientras que para quien recibe una factura, la misma es la forma de comprobar y documentar sus costos, gastos y compras; lo cual guarda una directa relación con la liquidación del ISR y el ITBMS por ejemplo y solo por mencionar estos dos tributos.

La tecnología avanza y sin dudarlo desde que existe la Ley 76/1976, que regula la obligación de facturar, la misma ha sufrido la adaptación de mecanismos y aplicación de nuevos métodos tecnológicos, precisamente para documentar las operaciones de ventas de bienes, transferencias y prestación de servicios.

No se puede dudar que la obligación legal y reglamentaria de facturar existe para todos sin excepción, lo que cambia y evoluciona es el método de cómo hacerlo. Sin embargo, este método de facturación y por más novedoso que sea no puede reñir con derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y las Leyes.

Tengamos cuidado de no confundir lo anterior con la estricta obligación del contribuyente (persona natural, jurídica, comerciante, artesano, que ejerce un oficio, artista, deportista, industrial y profesional en general) de liquidar y pagar correctamente los tributos que por mandato constitucional (artículo 52) y Leyes le corresponden. Por ejemplo, se encuentran las contribuciones a la seguridad social de las personas no asalariadas o independientes, que precisamente el artículo 40 de la Constitución Nacional señala que tanto los profesionales, los oficios y las artes estarán sujetos. Siendo entonces la fuente primaria para la determinación y contabilización de los ingresos sujetos a la seguridad social (por la Ley 51/2005) los ingresos gravables documentados a través de las facturas y sin importar el método de emisión. Interesante.