Adolfo J. Campos Barranco
Abogado especializado en materia tributaria y Socio de RC Tax Consulting, S.A.
Artículo publicado en el diario La Prensa. Sección de Economía & Negocios. Ventana Fiscal. 21/06/2019.

Tanto el Código Fiscal (CF) en su artículo 697, como el artículo 19 del Decreto Ejecutivo 170 de 1993 (DE 170/1993), desarrollan el principio general de que puede ser considerado como costo y gasto deducible para efecto del cálculo del impuesto sobre la renta. De allí que deriva, que el contribuyente podrá deducir los costos y gastos en que incurra en el año fiscal y que sean necesarios para la producción de la renta de fuente panameña o para la conservación de la fuente que produce dicha renta.

Se entiende por costos, la suma de todas las erogaciones o pagos efectuados por el contribuyente en la adquisición de los elementos de producción de bienes o en la prestación de servicios, incluyendo los destinados a la venta de los mismos.

Son gastos necesarios para la producción de la renta, los demás indispensables para obtener y producir la renta. Mientras que son gastos para la conservación de la fuente de ingresos los que se efectúen para mantenerla en condiciones de trabajo, servicio o producción, sin que la fuente aumente de valor por razón del gasto.

Para ser deducible el gasto debe haber sido efectivamente realizado o causado y estar debidamente documentado mediante factura o documento equivalente legalmente emitido. Cuando un costo o gasto carezca de la factura o documento equivalente emitido de acuerdo con los requisitos legales, el mismo no podrá deducirse. Sin embargo, si el costo o gasto cumple con las demás condiciones establecidas en el artículo 19 del DE 170/1993, podrá ser deducido si el contribuyente lo comprueba a satisfacción de la Dirección General de Ingresos (DGI). También se admitirá la deducción de gastos documentados por los contribuyentes en razón de compras y servicios recibidos por personas que carezcan de la debida organización administrativa y contable para cumplir a cabalidad con la obligación de documentar sus operaciones.