El Estado debe contar con la liquidez necesaria frente a la demanda de bienes, servicios, infraestructura y gastos corrientes vinculados directamente a la salud y aspectos sociales en medio de esta crisis sanitaria. Esto es clave y prioritario.

La administración de los recursos públicos demanda de los encargados, probidad, transparencia, eficiencia y determinación.

Nos encontramos entonces frente a la difícil situación que la fecha tope, para hacer frente a las obligaciones fiscales ante la Dirección General de Ingresos (DGI) llega en 13 días y según establece el Decreto Ejecutivo (DE) 251/2020, modificado por el DE 298/2020. Estas obligaciones se enmarcan en la presentación de formularios de liquidación tributaria y de igual forma para su pago.

Estamos en el peor momento, con cientos de casos nuevos todos los días, el potencial desbordamiento de la capacidad hospitalaria y una caída impresionante en el consumo, aún los ciudadanos mantienen una movilidad restringida por días, horarios, de acuerdo zonas geográficas y en donde aún no abre el bloque tres. Sumado a que los profesionales de la contabilidad y abogados, apenas pudieron aperturar con reducción del personal hace unos días.

He manifestado que “el mejor impuesto es el que menos cuesta recaudar”, esto significa que aquella relación entre el Estado y el contribuyente, debe estar fundamentada en una armónica colaboración y en obtener sobre todas las cosas un sostenido y voluntario pago de los tributos. Por lo tanto, esperamos de la Administración Tributaria, que los mecanismos de liquidación, pago y cuanta gestión administrativa se realice ante ella, sean sencillos, expeditos y eficientes.

Es necesario evaluar la complejidad administrativa y económica que encierra el poder cumplir con la fecha del 17 de julio para la presentación de los formularios de liquidación y pago de los diversos impuestos nacionales. De igual forma con la presentación y pago de la planilla mensual ante la Caja de Seguro Social (CSS), así como el impuesto municipal por la actividad comercial y rótulo, en las fechas que corresponden.

El equilibrio debe ser importante, valorar e identificar la situación y necesidad de las finanzas públicas y municipales para cubrir verdaderos gastos e inversiones ligados a la pandemia, versus la realidad de la liquidez de los contribuyentes y el tiempo para hacerle frente a sus obligaciones tributarias. La situación económica de los contribuyentes es muy compleja, impuestos como el ITBMS que funciona con un sistema de devengado (debes pagarlo al Fisco, inclusive aunque no lo hayas cobrado al cliente) y el Impuesto de bien inmueble, entre otros, generarán un impacto y quizás la estocada final a las ya golpeadas operaciones y finanzas de muchísimos contribuyentes.

Como posibles alternativas, se pueden implementar hitos escalonados para el pago de los tributos en general y de forma homologada (CSS, DGI y Municipios – recomendarles ser parte, pues se logra por acuerdos municipales-) con fechas de vencimiento para cuando ya las empresas se encuentren abiertas de acuerdo a su bloque y región geográfica a la que pertenecen. Luego, para aquellos que aún con esta nueva fecha de pago no puedan hacerle frente a sus obligaciones tributarias, podrían pagar el capital y con porcentajes de descuentos sobre el pago de penalidades (recargo e intereses) que irían disminuyendo a medida que vaya pasando el tiempo y con varios meses de por medio. Y para los contribuyentes que paguen antes o a la fecha hasta hoy vigente (17/7/2020 por ejemplo) se le ofrezca un descuento sobre el capital por pronto pago. Esto no es más que extender la vigencia de la Ley de amnistía tributaria para deudas del 2020.