Adolfo J. Campos Barranco
Abogado especializado en materia tributaria y Socio de RC Group
Artículo publicado en el diario La Prensa. Sección de Economía & Negocios. Ventana Fiscal. 8/11/2026.
El terremoto del 9 de octubre no solo acabó con vidas, destruyó viviendas y comercios; también afectó de forma súbita la capacidad económica de muchos contribuyentes, de la cual depende el pago de sus tributos.
El artículo 9 del Código de Procedimiento Tributario (CPT) establece que, ante un estado de emergencia legalmente declarado, el Órgano Ejecutivo puede suspender total o parcialmente la aplicación de tributos o diferir transitoriamente su pago en todo el país o en determinadas regiones afectadas. Sin embargo, esta norma no autoriza la creación de exoneraciones, la modificación de bases imponibles ni la condonación de deudas tributarias. Para ello se requiere una ley formal.
Asimismo, el artículo 78 del CPT faculta al Presidente de la República, con la intervención del Ministro de Economía y Finanzas, para conceder, mediante Decreto Ejecutivo, prórrogas, fraccionamientos y plazos para el pago de obligaciones tributarias, vencidas o no, cuando ocurran circunstancias excepcionales de caso fortuito o fuerza mayor.
Las anteriores medidas podrían aplicarse de inmediato a los contribuyentes afectados. Por ejemplo, al Impuesto sobre la renta estimado, al Impuesto de inmueble y al Seguro educativo, todos en su tercera partida de 2026.
Mediante una ley especial, planteamos algunas ideas:
1. Establecerse un procedimiento ágil para la deducción como gasto deducible para el cálculo del Impuesto sobre la renta del período las pérdidas de inventarios y activos fijos. El artículo 37 del Decreto Ejecutivo 170/1993 reconoce las pérdidas de bienes productores de renta gravable ocasionadas por terremotos y no cubiertas por seguros. La ley podría admitir como pruebas las fotografías georreferenciadas y una declaración jurada emitida por un Contador Público Autorizado (CPA) que detalle el inventario previo, las pérdidas sufridas y las indemnizaciones recibidas.
2. Crearse un sistema de arrastre extraordinario de la pérdida por el sismo no reconocida por seguros, separado del régimen ordinario previsto en el artículo 698-A del Código Fiscal, permitiendo su utilización total durante cinco años, sin el límite anual del 20 % ni la restricción del 50 % de la renta gravable. Para ello podría revisarse el precedente aplicado tras los hechos vandálicos de diciembre de 1989.
3. Para registrar adecuadamente el valor de las mejoras destruidas, una declaración jurada del propietario, acompañada de una certificación de un CPA e inscrita en el Registro Público, debería ser suficiente para que dicha entidad, la ANATI y la DGI eliminen su valor, sujeto a fiscalización posterior. Esto contribuiría a reducir la base imponible del Impuesto de inmueble.
4. Permitirse transitoriamente la distribución de utilidades retenidas de períodos anteriores a 2026, sin considerar las pérdidas derivadas del sismo (que en algunos casos es posible que eliminen el superávit de una empresa y la consecuente injusta pérdida del Impuesto complementario ya adelantado o pagado al Fisco). Con un descuento de entre 2 % y 3 %, según el tipo de renta y la tasa del Impuesto de dividendo aplicable, esta medida podría aumentar la recaudación e incentivar a los contribuyentes. Para acogerse al beneficio, los accionistas deberían capitalizar parte de las utilidades distribuidas, lo que favorecería la liquidez, el empleo, la inversión y la recaudación de otros tributos.
- Cápsula Fiscal