El Código de Comercio señala que todo comerciante está obligado a llevar registros de contabilidad que indiquen de forma clara y precisa sus operaciones comerciales, sus activos, pasivos y patrimonio.

El comerciante, podrá llevar su contabilidad y hacer sus registros ya sea utilizando libros, medios electrónicos u otros mecanismos que la Ley autorice y que permitan determinar con claridad las operaciones comerciales efectuadas, siempre y cuando los mismos puedan ser impresos.

A partir de la aparición de la Ley 72/2011, que modifica la vieja norma de facturación 76/1976, se obligó a documentar las operaciones de ventas de bienes y servicios por parte de los contribuyentes por medio de una factura emitida a través de los equipos fiscales que fueran aprobados por la Dirección General de Ingresos (DGI).

La Ley 72/2011, establecía algunas actividades (15 en total) que estaban exceptuadas de expedir sus facturas a través de equipos fiscales y por lo tanto, podían documentar sus ventas de bienes y servicios a través de los medios y requisitos usuales señalados por la Ley. Esta norma señala además que la DGI podría determinar a su juicio las actividades, que por su volumen de operaciones o por su naturaleza, estarían exceptuadas de usar estos dispositivos fiscales.

Con el Decreto Ejecutivo (DE) 766/2020, se establecen normas relativas a la adopción de la factura electrónica (FE), siendo este el último DE vigente en cuanto a esta nueva era para la facturación en nuestro país.

El artículo 1 del DE 766/2020, señala que estarán obligados a implementar y cumplir el mismo: i) Toda persona natural (PN) o jurídica (PJ) que solicite a la DGI el uso de la FE; ii) Toda PN o PJ que se encuentre exceptuada del uso de equipos fiscales y que a juicio de la DGI deba implementar el uso de la FE. Estimamos que esto deberá ser comunicado por resoluciones de la DGI en su momento.