Nuestro sistema jurídico tributario se basa sobre el principio de territorialidad. Bajo este principio, las rentas que reciban las personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeros, domiciliadas o no en nuestro país, estarán sujetas a la tributación local en la medida que dichas rentas sean producidas dentro del territorio de la República de Panamá.

En virtud de lo anterior y según la definición contenida en el artículo 694 del Código Fiscal, se considerará contribuyente la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que percibe renta gravable objeto del Impuesto sobre la renta en Panamá.

A grandes rasgos, se considera renta gravable producida dentro de Panamá la renta proveniente del trabajo personal o la prestación de servicios cuyo efecto económico se surta dentro de Panamá, así como la renta recibida por personas no domiciliadas en Panamá producto de cualquier servicio prestado dentro o fuera del país que beneficie a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, ubicadas dentro en Panamá y en la medida en que dichos servicios incidan sobre la producción de renta de fuente panameña o la conservación de ésta y su erogación haya sido considerada como gastos deducibles por la persona que los recibió.

Por otra parte y de acuerdo con lo establecido en el artículo 762-N de Código Fiscal, se consideran residentes fiscales en Panamá las personas jurídicas constituidas conforme a las leyes de Panamá y que tengan medios materiales de dirección y administración dentro del territorio panameño.

Asimismo, se consideran residentes fiscales de la República de Panamá las personas jurídicas constituidas en el extranjero que tengan medios materiales de dirección y administración dentro del territorio panameño y que se encuentren debidamente inscritas en el Registro Público.

Para efectos de la residencia fiscal de las personas jurídicas, se considerarán medios materiales de dirección y administración, además de sesionar las reuniones de Junta Directiva y tomar decisiones administrativas en el territorio nacional, mantener actividades comerciales o de apoyo a otras empresas dentro del territorio nacional y que como consecuencia de esto, la sociedad cuente con oficinas físicas para tal efecto.

Para el caso de las Fundaciones de Interés Privado, la Resolución N° 201-0354 de 13 de enero de 2016, aclara que este tipo de entidades no está obligada a ejercer actos de comercio para acreditarse como residente fiscal. No obstante, para que pueda obtener un certificado de residencia fiscal será necesario que cuente con los medios materiales de administración y dirección de conformidad con lo expuesto en la norma.